MD Ipsae Edith Melgoza Toral
Asesino: esa palabra, con todas sus letras, transforma a un ser humano en algo sucio, despreciable y especialmente no humano; asesino es una palabra tan fuerte ante la cual, por instinto, cualquier persona huiría en un contexto de estar frente a frente con alguien así. Definitivamente, a lo largo del trabajo como médico nos llaman de muchas formas. Desde los propios colegas y maestros con su enseñanza militarizada y pragmática, hasta los pacientes y familiares, me han llamado de muchas maneras, pero nunca asesina, creo que esa sola palabra se quedaría impresa en mi lóbulo frontal y mis retinas.
El pasado 2 de abril del presente año fue detenido y encarcelado el traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, en tanto su colega anestesióloga Gabriela Cruz López presentó un amparo, pero está en riesgo de cumplir el mismo destino.
Creo que el caso de la muerte de un niño es algo muy delicado para sus allegados, y debería tratarse con la seriedad que merece con las autoridades pertinentes, no con una lluvia de opiniones que más parece tertulia medieval donde se le aventaba verduras y todo lo que hubiera a la mano al acusado, juzgando a diestra y siniestra sin tener mayor cuidado de las palabras que se usan; claro, en la edad media la mayoría de la población no recibía educación y era analfabeta. Actualmente, la sociedad vomita argumentos como si estuviera compuesta, en su mayoría, de iletrados.
El fiscal general de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo el pasado 6 de abril que la fiscalía consideró que existían elementos de prueba suficientes para sostener que el Dr. Luis incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica; el fiscal también dijo que en la autopsia realizada al menor, se localizaron dosis altas de lidocaína, sustancia que no había sido reportada por el médico y la anestesióloga, misma a la que, además, se le adjudica la falla multiorgánica que provocó el deceso del niño. ¡Esto no debería estar en discusión! sólo peritos médicos podrían analizar el caso como es debido, ya que, evidentemente, no pueden entender lo que significa una reacción idiosincrática a un medicamento que lleva a anafilaxia.
Rubén Vasconcelos explicó también que la fiscalía a su cargo consideró que existió un “dolo eventual” en el caso, explicando que “una persona comete dolo eventual cuando sabe del riesgo que corre alguien ante ciertas circunstancias y no toma las medidas debidas para evitar un mal o un daño a las personas”, y que el médico contaba con conocimiento de sus actos.
La información que no cuadra aquí es por qué este señor tiene la suficiente confianza de hablar con toda libertad —a un año de ser electo— de temas médicos como si fueran parte de su especialidad, por qué, de acuerdo a sus grabaciones y declaraciones, no parece un ser imparcial ante los hechos y más parece un verdugo coreado por el pueblo (de igual manera, ambos sin conocimiento médico). ¿Acaso siente que el Dr. Luis es una verdadera amenaza que debe permanecer en la cárcel? ¿Cómo es que, si existen datos de una autopsia, que es de los mejores recursos con resultados concretos, no hay más información sobre esto? ¿Dónde está la CONAMED? ¿Y los peritos médicos para el caso? ¿Acaso la ley funciona primero encarcelando y dañando la integridad física y mental de una persona, y luego llega quien realmente tiene experiencia en el ámbito y los “saca de dudas”?
Los tecnicismos en derecho que disfrazan la palabra ASESINO, término por el cual nombran al doctor, puede sentar un precedente legal peligroso contra el gremio médico; puede ser un evento pivotal para un daño irreversible en la relación médico-paciente, ya de por sí dañada por las carencias de salud que vive este país, donde, de nuevo, los médicos no tenemos responsabilidad.
Desde la rueda de prensa, doctores representantes del Colegio de Cirujanos Ortopedistas de Oaxaca dijeron hasta el cansancio: “la intención de un médico al entrar al quirófano, o en general, jamás es que su paciente muera”. Exigen —y exigimos— nada más allá de las posibilidades de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realicen las investigaciones pertinentes, que sean peritos especialistas en medicina los que lleven el caso y que se rectifique la tipificación del delito.
En cuanto a las palabras del señor fiscal Vasconcelos, quien expuso que “el doctor Luis M. debió tener en cuenta que en el hospital donde laboraba no había unidad de cuidados intensivos”; es algo no menos que ridículo; el 90% de los hospitales en México no tienen terapia intensiva y el 100% —eso significa TODOS, señor Fiscal— de los hospitales públicos no tienen lo necesario para trabajar.
Entonces, ¿qué sigue? Mi juramento Hipocrático dice que debo usar mis habilidades para ayudar siempre, así que, si llega un paciente con una urgencia (o incluso, si llega a pedir una vacuna, inyección, etc.) ¿Qué hago? ¿Lo envío a un hospital de tercer nivel? ¿Referenciamos pacientes porque no contamos con terapia intensiva? ¿Atiborramos los ya de por sí saturados hospitales de tercer nivel? Bajo esta premisa nos está diciendo que es mejor “lavarse las manos” de todos los pacientes a incurrir en un dolo eventual acusado de homicidio calificado; eso es mejor a saber que aquellos a los que tratamos de salvar nos llamen ASESINOS.
Quienes, en este caso, actúan con dolo son el fiscal y todo lo que representa; los responsables de los insumos en salud, ya que es de su pleno conocimiento, más que el de los médicos, las carencias de los consultorios de farmacias, centros de radiodiagnóstico, consultorios dentales, centros de atención ambulatorios y hospitales tanto públicos como privados a nivel estatal y federal.
Si criminalizamos el acto médico caeremos en una atención médica a la defensiva afectando a la población, cuando los únicos criminales son los que le roban y le quitan los ya de por sí escasos recursos a las instituciones de salud; si de verdad se juzgara y encarcelara a todos los que incurren en estos delitos, probablemente no habría prisiones suficientes, ellos sí son ASESINOS, ellos sí nos están matando con “dolo gubernamental” y por ellos es que, a veces, no se les puede dar a los pacientes algo más que un paracetamol.
Quisiera concluir citando la declaración del Consejo Mexicano de Oncología y la Sociedad Mexicana de Oncología donde señalan: “Los médicos competentes y certificados por sus pares no son delincuentes y por lo tanto deben y merecen ser tratados con respeto y siguiéndose las normas legales y científicas que ameriten al caso”.
Bibliografía
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